Los Santos Chronicle

Lo que tampoco hubo fueron testigos. Consultados por este diario, en el taller aseguraron que no vieron nada. Ni quién disparó, ni desde dónde, ni por qué. “Estábamos trabajando”, fue la única respuesta. Es, hay que decirlo, una concentración admirable: seguir ajustando un motor mientras las paredes reciben plomo de grueso calibre.

Afuera, algunos vecinos se animaron a hablar, siempre en voz baja. Coinciden en un detalle: autos que nadie reconoce. Oscuros, sin patente visible, sin logo, sin apuro. “No escaparon. Se fueron. Que no es lo mismo”, dijo uno. Otro agregó algo que este diario no pudo dejar de anotar: “No se llevaron nada. No parecía un robo. Parecía un mensaje”.

¿Un mensaje de quién? ¿Para quién? El LSPD confirmó el hecho, informó que “se investiga” y no reportó detenidos. Es la misma respuesta que esta ciudad escucha desde hace semanas: con el secuestro de Elizabeth Montgomery, con la empresa de camiones que se esfumó, con el vecino de origen chino que sigue sin aparecer.

Este diario no sabe quién disparó. Pero nota un patrón: en Los Santos hay alguien que no necesita reclamar territorio, ni firmar con un color, ni dejarse ver para hacerse entender. Alcanza con unos autos que nadie puede describir y un barrio entero que, de repente, no vio nada.

Sobre los escritorios esperan, entre otras causas, las impugnaciones de la oposición contra la candidatura del Intendente Cristian Argento a Gobernador, el secuestro de Elizabeth Montgomery, la demanda colectiva de los choferes de la empresa de camiones desaparecida y la búsqueda del vecino de origen chino, que el LSPD investiga como posible crimen.

La novedad no estuvo en las causas, sino en las sillas. Durante la feria, varios juzgados de Los Santos amanecieron con jueces trasladados desde otros tribunales del Estado. No hubo concurso ni audiencia pública: un traslado administrativo, firmado en pleno receso, cuando nadie estaba mirando. Este diario preguntó quién los eligió, con qué criterio y por qué justo estos juzgados, los que tienen las causas más sensibles de la ciudad. No obtuvo respuesta.

Los nombres que ahora firman los expedientes son dos: Thaddeus Sterling y Estanislao Wagner. Los dos llegan del norte del Estado, pero no por el mismo camino.

El juez Wagner trae una trayectoria penal sólida: fallos firmes, pocas apelaciones perdidas y fama de no dejarse apurar. Su problema no está en el expediente, sino en el apellido. Es hermano de David Wagner, dueño de Los Santos Customs, el primer taller mecánico de la ciudad, y conocido en la noche de Los Santos por su afición a las fiestas largas, las mesas de juego y todo lo que venga después. Dos hermanos, dos polos opuestos. Cerca del juez aseguran que “no se eligen los hermanos, pero sí los fallos”. La oposición, por ahora, prefiere esperar a los fallos.

Del juez Sterling, en cambio, se sabe menos de su trayectoria y más de su origen: viene de un juzgado del condado de Paleto Bay. Quienes lo cruzaron en los pasillos coinciden, además, en un detalle: nunca se saca los guantes. Ni para saludar, ni para firmar. Sus colaboradores lo explican como “una costumbre”. No aclararon de qué. El mismo condado donde, hace menos de un año, se registró Austral Construcciones LLC. Este diario no afirma que exista relación. Solo nota que, en San Andreas, los caminos que salen de Paleto Bay parecen llevar siempre a los mismos lugares.

Hay, además, una silla que sigue vacía: la del Fiscal General. Los Santos está buscando a quien ocupe el cargo, y la convocatoria ya está abierta (ver aviso oficial en esta edición). En los papeles, la selección no tiene nada que ver con los jueces: el fiscal acusa, el juez juzga, y cada uno controla al otro.

En los papeles. Porque según pudo saber esta redacción, el juez Sterling fue visto en al menos una reunión con aspirantes al cargo, en un rol que sus colaboradores describieron como “asesoramiento informal”. Este diario no sabe qué se habló. Sí sabe que un juez no tiene nada que asesorar sobre quién será el fiscal que después le va a llevar las causas. “Es como si el árbitro eligiera al delantero del equipo contrario”, graficó un abogado de la ciudad. La oposición fue menos deportiva: pidió que se aclare quién invitó al juez y exigió que ningún magistrado intervenga en la búsqueda. Del juez Wagner, consultado por lo mismo, solo trascendió una frase: “No es mi tarea”.

El Intendente, que no designa jueces, sí opinó sobre ellos. En una recorrida de campaña, Argento declaró que “la justicia tiene que acompañar el cambio”. Desde la oposición lo leyeron como lo que parece: un candidato que le marca la cancha a los tribunales justo cuando reabren con sus impugnaciones encima de la mesa. “La justicia no acompaña. Decide”, respondió un dirigente opositor.

Este diario recuerda que un Intendente no manda sobre los jueces del Estado. Un Gobernador, en cambio, tiene bastante más que decir sobre la justicia de San Andreas. Tal vez por eso, para algunos, la elección importa tanto.

Los relatos se parecen: un control de rutina que termina en el piso, una detención en la que “nadie se resistía, pero igual”, un vecino que preguntó por qué lo paraban y recibió la respuesta con el cuerpo. Ninguno quiso dar su nombre. “¿A quién lo denuncio? ¿A ellos?”, resumió uno.

Consultado por este diario, el LSPD aseguró que “todos los procedimientos se ajustan al protocolo” y que quien se sienta afectado “puede hacer la denuncia correspondiente”. No precisó en qué comisaría ni ante qué oficial. Tampoco si alguna denuncia de este tipo prosperó alguna vez.

El contraste incomoda. Es la misma fuerza que no tuvo recursos para el secuestro de Elizabeth Montgomery, que no detuvo a nadie por el tiroteo en el taller de Leroy y que, por decreto de la Intendencia, fue desarmada en los barrios del sur. Fuerza para los grandes casos, no hubo. Para los vecinos de a pie, parece que sobra.

Con la Justicia otra vez en funciones, la pregunta ya tiene dónde ir. Este diario la deja planteada: en una policía cuyas autoridades cambió la propia Intendencia, ¿quién controla al que controla?

“Antes sabías por dónde no pasar. Ahora no sabés”, explicó una vecina que cambió el recorrido que hacía hace años. Otros cuentan que ya no salen de noche, que acompañan a sus hijos hasta la puerta, que dejaron de usar ciertos colores por las dudas.

Como informó este diario en su Edición N.º 2, la tregua de Rancho entre Vagos y Families nunca alcanzó para contener a los grupos nuevos que se formaron desde entonces. Algunos tienen nombre; otros, como “los de rojo”, siguen sin identificar. Este diario no puede confirmar qué grupos están detrás de los ataques de esta semana, y no va a señalar a nadie sin pruebas.

Sí puede señalar un contexto. La Intendencia desarmó a la policía en los barrios del sur con la promesa de “pacificar”. Hoy, los que se sienten desarmados son los vecinos. Si usted fue víctima de un ataque, denúncielo. Y si no confía en hacerlo, escríbanos: esta redacción protege a sus fuentes.

Lo novedoso es que ya no se quedan en el norte. En las últimas semanas, sus patrulleros se vieron cada vez más seguido en la zona de Los Santos, siempre bajo la misma explicación: “apoyo”. Apoyo en un operativo, apoyo en una persecución, apoyo donde haga falta. “Cuando bajan los de Roxwood, hasta los delincuentes se portan bien. Y los vecinos también, por las dudas”, resumió un comerciante.

El contraste es difícil de ignorar. La Intendencia desarmó a la LSPD en los barrios del sur con la promesa de “pacificar”. Ahora, cuando la cosa se pone fea, llega una fuerza de afuera con más armas de las que la LSPD tuvo nunca. Consultada por este diario, la Intendencia habló de “colaboración entre fuerzas” y no respondió quién pide ese apoyo, con qué protocolo ni bajo qué jurisdicción.

La oposición lo resumió a su manera: “Desarmaron a la policía propia y ahora piden prestada una ajena, más armada y que no le rinde cuentas a nadie de acá”. En una semana en la que los vecinos se preguntan si la LSPD usa más fuerza de la debida, la pregunta se vuelve inevitable: si eso pasa con la policía que conocemos, ¿qué pasa con la que no?

Las explicaciones oficiales son razonables: más autos en la calle, más persecuciones, más choques y una grúa municipal que devuelve los vehículos “como pueda”. “Entre la grúa y las persecuciones, a mí no me falta laburo”, resumió el dueño de uno de los locales nuevos, mientras lijaba un capó que, según él, “venía así de fábrica”.

Las explicaciones no oficiales circulan más rápido. En los barrios se comenta que algunos de los talleres nuevos, los que abrieron de un día para el otro y sin cartel, no arreglan autos: los cambian. Color nuevo, llantas nuevas, patente nueva. Como informó este diario la semana pasada, un vecino aseguró haber visto un camión de la empresa desaparecida “con otro color y la misma abolladura”. Esta semana, la frase se repitió sobre varios autos más.

Tampoco es un rubro tranquilo. El tiroteo en el taller de Leroy demostró que, en Los Santos, tener un taller puede ser un buen negocio o una mala dirección. Algunos dueños, según pudo saber este diario, ya incluyen en sus presupuestos un ítem nuevo: “seguridad”. No aclaran si es para el auto o para ellos.

La Intendencia celebró el fenómeno como “una muestra del dinamismo económico de esta gestión”. No informó cuántos de los talleres nuevos están habilitados. Este diario recuerda que, en esta ciudad, un casino se habilita en días y un medidor de luz tarda meses. Un taller, al parecer, no necesita ninguna de las dos cosas.